La iniciativa que busca otorgar una serie de beneficios fiscales a las empresas ubicadas en destinos que sufran una caída de más del 50% de la demanda dio el primer paso en Diputados. La idea es que el trámite del proyecto se acelere lo suficiente como para convertirse en ley antes de septiembre próximo y así estar en condiciones de asistir a Mendoza ante el cierre de su aeropuerto.
La Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados de la Nación emitió un dictamen favorable al proyecto que busca otorgar una serie de beneficios fiscales a las empresas ubicadas en destinos que sufran una caída de más del 50% de la demanda habitual ante situaciones extraordinarias.
Sólo hubo un cambio a pedido de los legisladores fueguinos para contemplar que si la situación de necesidad se produce en Tierra del Fuego haya condición de asistencia extra, teniendo en cuenta que algunas características impositivas de promoción ya rigen en la provincia.
ONDA VERDE
La iniciativa ahora deberá ser tratada por Presupuesto y Hacienda, desde donde -en caso de ser aprobada- bajará al recinto para obtener la media sanción. A ese itinerario luego se deberá sumar el paso por el Senado y luego la reglamentación por parte del Ejecutivo.
De todos modos, en diálogo con este medio, la diputada Patricia Giménez, vicepresidenta 2º de la cámara Baja y firmante del proyecto, dijo que su idea es que el trámite del proyecto se acelere lo suficiente como para convertirse en ley antes de septiembre próximo y así estar en condiciones de asistir a Mendoza ante el cierre por tres meses del aeropuerto El Plumerillo.
Efectivamente, esperan un trámite rápido en Diputados, “donde tenemos luz verde” y cuentan con el apoyo de los diversos bloques. “De hecho, el proyecto ya viene con firmas de miembros de todos los espacios”, amplió Giménez (UCR Mendoza). Recordemos que la norma está rubricada por legisladores del Frente para la Victoria, la UCR, el PRO y el socialismo.
Asimismo, la diputada afirmó que en el Senado también hay intenciones de impulsar el texto con premura. “Hay dos o tres iniciativas similares presentadas, que adaptaban la ley de emergencia agropecuaria al turismo. Pero con quienes hemos hablado nos dicen que la que trabajamos en Diputados es superadora porque está específicamente pensada para las necesidades del sector”.
Una vez sancionada como ley sólo restaría el guiño del Poder Ejecutivo para promulgarla y reglamentarlo lo antes posible. De acuerdo a Giménez, ya hubo una venia del Ministerio de Turismo de la Nación y están esperando reunirse próximamente con autoridades de Hacienda para ajustar miradas.
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SOBRE EL PROYECTO
El régimen de protección de actividades turísticas se aplicaría a destinos afectados “por situaciones extraordinarias, imprevistas o inevitables que impliquen una caída en la demanda de al menos el 50%”. A la hora de definir la situaciones de emergencia, los diputados graficaron con los ejemplos de las erupciones de volcanes en la Patagonia, inundaciones como las recientemente ocurridas en Entre Ríos o lo que sucederá en Mendoza con el cierre del aeropuerto durante tres meses.
Pero no está definido sobre qué escala se medirá la retracción de la demanda (sobre facturación, arribos u ocupación hotelera, por ejemplo). “La determinación del 50% la tienen que definir la autoridad local y el MinTur”, aclaró Giménez.
Una de las condiciones para acceder a los incentivos que se establecerían de aprobarse la ley sería que la empresa que los solicite no despida empleados durante la emergencia.
Entre las medidas centrales, se destaca la de permitir al Poder Ejecutivo nacional instrumentar un aumento de hasta cuatro veces en los porcentajes de las contribuciones patronales que actualmente se pueden computar como crédito fiscal (se ubica del 1,3% al 10,75%, según la jurisdicción). “Es sabido que el cargo más importante del sector turístico está dado por los recursos humanos y los impuestos relacionados. En virtud de ello, la actividad puede verse afectada sensiblemente en sus ventas, haciendo disminuir directamente el IVA a pagar, pero deberá seguir soportando el mayor de sus costos si desea mantener el personal. Por lo anterior se desprende que la tendencia ante una fuerte caída de los ingresos puede ser la reducción de la plantilla”, explica el proyecto, que así justifica la “excelente alternativa” que implicaría el aumento transitorio del porcentaje de las remuneraciones que el empleador puede computarse como crédito fiscal.
Por otra parte, una vez declarada la emergencia se pretende que se puedan diferir por un año las obligaciones tributarias de impuestos nacionales a vencer.
Además, se promueve el establecer un régimen especial de facilidades de pago para las obligaciones contraídas con anterioridad, así como la suspensión de juicios por deudas impositivas y de los aranceles vinculados a los derechos de propiedad intelectual durante el período que establezca el Poder Ejecutivo.
Fuente: Ladevi
06/07/2016