La oscura trama de la empresa que explotó durante 40 años el complejo de esquí Los Penitentes comienza con un decreto del gobierno militar que, a dedo y sin explicaciones, le cedió los terrenos y explotación comercial y continúa aún con un sin fin de irregularidades que ningún gobierno sancionó.

Hoy la firma le adeuda al Estado mendocino más $5,3 millones de impuestos que nunca pagó desde 1983 y -según el expediente judicial- a la AFIP le debe $9 millones más.

Al parecer, la estrategia era no bancarizar los ingresos para eludir los deberes impositivos. El informe de una de las veedoras judiciales, que analizó la sociedad tras la denuncia de un socio minoritario que abrió una causa civil y pidió el desplazamiento del directorio, asegura que sólo en una tarde a una boletería ingresaron $500.000 pero de eso no habrían emitido facturas.

«Lo que ella detecta es una inconsistencia muy grande entre los ingresos reales y lo que se les informaban a los socios que ingresaba. Además de los ingresos en negro y de no bancarizar la actividad, aparecen las sociedades tercerizadas, que son las que cobraban los servicios y tickets, el restorán, la playa de estacionamiento, el alquiler de equipos y la hostería,  detalló el abogado Pablo Chesi, representante legal de los socios minoritarios de Los Penitentes S.A.

 

«Muchas unidades de negocios del centro de esquí estaban ligadas a sociedades que eran del grupo pero que no rendían cuenta, por lo que no había control de ellas y luego el directorio de la empresa hacía balances falsos», agregó el abogado.

Si bien la empresa Los Penitentes S.A fue a la Justicia para poder continuar con el negocio, el Gobierno ya le rechazó ese pedido, y ahora intenta expropiar los terrenos y abrir una licitación pública e internacional para ese centro invernal.

 

Los beneficios de los decretos militares

A través de un decreto, como se decidía todo durante los gobiernos militares, en este caso con el decreto 4301 de 1978, el Estado mendocino le vendió  y transfirió a las firmas Petersen, Thiele y Cruz S.A , Aslan S.A, y Ezcurra S.A,  51,37 hectáreas de los terrenos en los que actualmente funciona Los Penitentes en Uspallata. Y con el decreto siguiente, el 4302, les dio la concesión de otras 1.037,6 hectáreas durante 35 años con posible prórroga por otros 35.

Aquellas empresas cedieron, también con un decreto, la explotación del centro de esquí a la firma Los Penitentes Centro de Esquí S. A propiedad de la sociedad de la familia López Frugoni, integrada por 5 de los 6 hermanos.

Esa concesión venció en el 2013 y en ese momento la firma Los Penitentes se las ingenió para zafar de una intimación que le puso el ministerio de Turismo de Francisco Pérez y se amparó en el aval que le daban las firmas cedentes, las que garantizaban las obligaciones originarias. En noviembre de ese año el Gobierno consideró que se cumplían los requisitos y avaló la prórroga.

 

Irregularidades y rechazo a la prórroga

Tres años más tarde, en el 2016, el Ente Provincial de Turismo se negó a otorgarle la prórroga a Los Penitentes S.A porque no era la concesionaria original y le exigió a esa explotadora del centro de esquí que mostrase los avales y garantías de las primeras concesionarias, algo que no lograron demostrar.

Por eso y por otros incumplimientos – la empresa tenía clausurados los medios de elevación por falta de controles- el gobernador Alfredo Cornejo decidió rechazar el pedido de prórroga de la concesión con el decreto 217/19, y esa decisión fue avalada por la Suprema Corte provincial, que le dio al Estado el derecho de posesión.

Con ese aval, se avanzó con un proyecto de ley para expropiar los terrenos que ya ingresó a la Legislatura. En la letra de esa iniciativa el Estado plantea pagar parte del costo de los terrenos con la eterna deuda impositiva que la firma arrastra desde hace décadas.

Entre tanto, el Gobierno atento a la gran cantidad de mendocinos y turistas que cada temporada invernal llegan a esa zona de montaña para disfrutar de la nieve, le otorgó un «permiso de uso precario» del predio a la empresa Viento Blanco S.A, que posee el centro de esquí Los Puquios (una de las dos inscriptas en la provincia como operador de parque de nieve), para que ellos implementen allí un parque de nieve.

Este parque no tendrá medios de elevación sino que permitirá el esquí por medios de arrastre. Esa propuesta abrirá sus puertas desde este sábado 6 de julio hasta el 31 de agosto.

 

La gran maña de eludir impuestos

Según los registros de Administración Tributaria Mendoza, la firma Los Penitentes Centro de Esquí S. A., propiedad de la sociedad de los hermanos López Frugoni, adeuda Ingresos Brutos desde 1983. A eso se le adosan deudas de Impuestos Inmobiliario e Impuesto al Automotor que actualizadas suman hoy $4.648.419, 14, que más las costas de los intereses devengados desde aquella época de $662.928,94 da un total de deuda al Estado mendocino de $5.311.348,08.

En tanto a la AFIP, según el expediente judicial, se le adeuda más de $9 millones, pero ese monto no está actualizado. En un momento la firma inició un plan de pago, pero se cayó justamente porque no pagó.

 

Desaparecían libros contables y registros

El historial judicial de la firma Los Penitentes Centro de Esquí S.A comenzó en el 2012. En ese devenir se abrieron una causa penal, juicios laborales y se decidió la intervención judicial de la sociedad por los desmanejos intrasocietarios.

En tribunales se comenta que era tal el desmadre de esa sociedad que pasaron 5 meses sin que apareciesen interventores que quisieran abocarse a la investigación. Luego la Justicia les puso un veedor, después un coadministrador y finalmente dos grupos de interventores.

Extrañamente, en 2013, cuando el primer grupo de interventores pidió el libro de registros de accionistas -según consta en el expediente-, descubrieron que éste se había perdido. Lo mismo pasó tiempo después con el libro de balances y el de inventario.

«Cuando ingresó el interventor coadministrador, a fines del 2016, habían casi $10 millones que habían sobrado como ganancias de esa temporada, en la cual habían ingresado casi $30 millones. Pero cuando entraron las interventoras en el 2017, no sólo había desaparecido todo el dinero sino que también había desaparecido la información contable de la sociedad», ejemplificó el abogado Aldo Chesi.

En las primeras inspecciones en las oficinas de alta montaña, los interventores también se encontraron con que se habían cerrado las cajas y se habían borrado todos los registros informáticos.

Eso derivó en la remoción del directorio el 5 de mayo del 2017.

 

Fuente: Diario Uno
12/07/2019

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