Entrará en vigencia una resolución para ajustar el control sobre estos alquileres turísticos y sus inquilinos. Hoteleros, a favor de la norma. El 1 de marzo entrará en vigencia la Resolución General 3687 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que permitirá al organismo gubernamental controlar tanto a propietarios como inquilinos de las contrataciones de alquileres turísticos.

Así, la fiscalización se centrará sobre las obligaciones impositivas del locador y la capacidad contributiva del locatario como un nuevo mecanismo de cruzar datos fiscales y disminuir las posibilidades de evasión.

De esta forma el Gobierno buscará poner fin a las operaciones inmobiliarias ilegales y beneficiar al sector hotelero que, en más de una ocasión, ha manifestado su disconformidad por la competencia desleal por parte de propietarios de alquileres turísticos que no pagan impuestos ni pueden ser controlados del mismo modo que ellos.

La resolución, que fue publicada en el Boletín Oficial en octubre del año pasado pero comenzará a aplicarse a partir del mes que viene luego de pasada la temporada alta vacacional, obliga a los propietarios o administradores de alquileres turísticos a inscribirse en el Registro de Operaciones Inmobiliarias (ROI), disponible en la propia web de AFIP.

Una vez allí, se deben registrar las propiedades en el ítem “Locaciones Temporarias”, donde todos los meses se informarán las contrataciones de alquileres turísticos realizadas.

Control y sanción

El nuevo régimen de control de la entidad que dirige Ricardo Echegaray para alquileres turísticos, abarca todos los contratos que duren entre 24 horas y 6 meses.

La lupa de la AFIP estará puesta sobre la declaración de los ingresos en el impuesto a las Ganancias de los propietarios o intermediarios. En caso de incumplimiento, la AFIP podrá asignar al contribuyente una categoría más alta de riesgo de ser fiscalizado, en el Sistema de Perfil de Riesgo (Siper), suspenderlo o excluirlo de los registros especiales de la AFIP en los que esté inscripto; interrumpir la tramitación de certificados de exclusión impositiva o deshabilitar transitoriamente el CUIT del sujeto. Además, se aplicarán multas según la gravedad de la falta.

Los inquilinos, en cambio, no tendrán ninguna nueva obligación ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, pero sus nombres aparecerán en los registros que los propietarios presentarán ante el organismo del Gobierno. Por tanto, los especialistas aseguran que se controlará la concordancia del monto del alquiler con la categoría que el usuario tenga como contribuyente.

El beneficio al sector hotelero

Durante años, los empresarios de la hotelería de Mendoza han protestado por la competencia desleal de alquileres turísticos no registrados en AFIP. La puesta en vigencia de la Resolución General 3687 significa, al menos en la teoría, un paso importante para solucionar el problema.

Aunque fueron consultados diferentes actores del sector hotelero, habló en representación de todos ellos Marcelo Rosental, secretario de la Asociación Empresaria Hotelero, Gastronómica y Afines (Aehga) de Mendoza y miembro de un departamento de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra) dedicado a erradicar la competencia desleal en el país.

“Consideramos que la resolución es una buena medida para combatir la ilegalidad en los alquileres turísticos. Esperamos que funcione de forma efectiva y se note el cambio”, señaló Rosental.

“Desde Aehga y Fehgra vemos a la normativa de AFIP como un premio a largas horas de trabajo. En los últimos dos años hemos relevado a cientos de agencias virtuales que ofrecen alojamientos informales, tanto en Mendoza como en el resto del país. No fueron pocos los diálogos que tuvimos con el Gobierno y éste es un buen resultado que esperemos funcione”, agregó el experto.

De todas formas, aclaró que aún queda mucho trabajo por hacer. “Desde Fehgra se está trabajando en diferentes puntos, como la modificación de los artículos 2 y 27 de la Ley de locaciones urbanas y la sanción de una ley marco que brinde ordenamiento de servicio de alojamiento en viviendas con uso turístico en todas sus posibles modalidades”, comentó.

Consultado por la diferencia de precio que se puede observar entre un alojamiento registrado en AFIP y uno fuera de la ley, Rosental explicó que es difícil determinar un valor porque los precios varían por su ubicación, tamaño y calidad, pero aseguró que “la ventaja que se obtiene al no pagar impuestos permite a los competidores desleales atraer a gran parte del turismo”.

La Provincia también busca disminuir la evasión

La actividad turística “ilegal” o en negro de Mendoza ha alcanzado un tamaño importante, lo que demandó la intervención de varios organismos de control para combatirla.

Claudio Gil, titular de la Administración Tributaria Mendoza (ATM), explicó que el organismo mantiene un convenio con el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Mendoza para tal fin.

“Trabajamos con denuncias que ellos mismos nos acercan sobre ventas y alquileres no registrados”, comentó.

Además, ATM y el Ministerio de Turismo de Mendoza realizan tareas conjuntas en los oasis sur y norte controlando las emisiones de facturas en temporada turística y fines de semana largos.

Por último, Gil mencionó que “se cruzan datos entre los valores declarados en el impuesto al sello que pagan los contratos de alquiler y lo declarado en Ingresos Brutos”.

Fuente: Diario Los Andes
26/02/2015

 

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