Falta de transparencia, altas comisiones, retraso tecnológico y posición dominante son algunas de las irregularidades denunciadas en el informe de Defensa de la Competencia sobre las tarjetas de crédito y medios de pago electrónicos. Cuáles son las propuestas para regular ese mercado y cómo se resolvió en otros países. El comercio y las agencias quieren que, mientras se abre el escenario a nuevos jugadores, se baje ya por ley la comisión que pagan para operar con plásticos. El organismo prepara un informe similar sobre transporte aéreo.

Desde hace un tiempo el sector privado ha venido tratando de instalar el reclamo por los altos costos de operar con tarjeta. En una vuelta de tuerca discursiva, en los últimos meses se presentó el tema como uno de los componentes que le restan competitividad al comercio y favorecen a la inflación.

Al mismo tiempo, se alinearon los esfuerzos de las entidades para generar ruido mediático y sensibilizar a las autoridades. Y esto incluyó a las actividades de las propias agencias de viajes, que a través de la Faevyt incluyen el reclamo de las altas comisiones en su agenda de trabajo con el sector público.

La novedad es que la semana pasada y tras un trabajo de cinco meses, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) presentó un exhaustivo estudio en el cual van más allá y concluyen que en el mercado de las tarjetas existe falta de competencia y transparencia, altas comisiones, retraso tecnológico y posición dominante de Prisma. Asimismo, además de abrir una investigación por conductas anticompetitivas, el organismo recomendó al Banco Central revisar integralmente la regulación de medios de pago electrónico, “con especial énfasis en la instrumentación de políticas que promuevan la competencia”. También propuso modificar la ley vigente para romper con la cartelización y sus efectos sobre los costos del servicio. “Más oferentes y jugadores que puedan desarrollar estas actividades van a redundar necesariamente en mejores condiciones para los comercios. Hoy si alguien quiere vender con tarjeta Visa tiene que acudir a Prisma y, por ende, no puede negociar condiciones alternativas”, resumió el titular de la CNDC, Esteban Greco.

CARTELIZACIÓN AL DESNUDO

Antes de entrar en el análisis de las conductas que configuran la posición dominante y sus efectos sobre el comercio, la Comisión hizo un extenso panorama del mercado en Argentina.

A modo de resumen, vale citar que hoy existen seis redes principales de tarjetas: Visa, MasterCard, Credencial, Cabal, Diners y American Express. Actualmente hay en circulación 72 millones de plásticos (34,5 millones de crédito). El gasto con tarjetas representó en 2015 el 12,7% del consumo personal y se espera que ese porcentaje trepe al 29% para 2021.

Visa concentra el 60% de las transacciones y muy lejos aparece MasterCard con el 11%. Ni la una, ni la otra operan por cuenta propia, sino que lo hacen a través de bancos emisores que obtuvieron una licencia a tal fin.

¿Quién es Visa? En nuestro país el único adquiriente de la marca es Prisma, que a su vez es procesador y proveedor de las terminales Lapos. No sólo eso, sino que Prisma es propiedad de 14 bancos, liderados por el Santander, Galicia y BBVA. Accionistas que a su vez emiten el 80% de las tarjetas de crédito del mercado.

A su vez, Prisma es dueña de la red de cajeros Banelco y de la plataforma de pagos online PagoMisCuentas. Y ningún banco emisor de las tarjetas Visa en Argentina procesa las transacciones de sus clientes fuera de Prisma.

De ahí que la CNDC hable de que existe una triple integración vertical (emisor, adquiriente y procesador) por parte de la entidad que concentra 6 de cada 10 pesos facturados con tarjeta de crédito.

Para la Comisión he ahí uno de los motivos de que no exista libre competencia en el mercado argentino. Al ser Prisma propiedad de los principales bancos se genera una barrera a la entrada de nuevos jugadores, que necesitan una licencia otorgada por el dueño de la marca o algún licenciatario autorizado. “Las instituciones financieras que podrían solicitar una aprobación a Visa Internacional para asumir ese rol y no son accionistas de Prisma son relativamente pequeñas y, por lo tanto, poco propensas a invertir en el desarrollo de una red. Una barrera adicional viene dada por el reducido margen de rentabilidad del mercado de adquirencia. Este margen está determinado por la tasa de intercambio, que en el caso de Visa está fijada por Prisma en el 95% del arancel que se cobra a los comercios”, revela el informe.

Al margen de ese esquema, la CNDC advirtió que la posición dominante de Prisma genera incentivos para la realización de prácticas restrictivas de la competencia de tipo exclusorio. Según la Comisión, éstas podrían haberse materializado en el mercado de provisión de interfaces para pagos electrónicos: trato discriminatorio, degradación de la calidad y negativas injustificadas de los servicios de adhesión.

CONSECUENCIAS

Uno de los efectos de esta concentración es la falta de opciones para los comercios de proveedores alternativos que ofrezcan variedad de aranceles. Falta de competencia que se traduce en el meollo del reclamo de las entidades mercantiles: que lo que para la ley es el techo de la comisión cobrada a los negocios (3%), es a la vez el piso y no haya chances de negociar condiciones.

Lo excesivo de la tasa está probado –según la CAC y la CAME– por el hecho de ser el doble de lo que se cobra en otros países de la región y hasta tres veces la de España o Italia. Las entidades cifraron el nivel de exacción de recursos que implican los cobros de comisiones en $ 13.200 millones, producto de que el 65% de las ventas son con plásticos.

De cara a los consumidores, las consecuencias de esta estructura del mercado de pagos electrónicos son dos. Por un lado, que dadas las altas comisiones cobradas a los comercios no hay chances de mejorar los precios de venta de los productos

Por otra parte, la CNDC advirtió irregularidades en el mecanismo de financiamiento que se promociona como venta en cuotas “sin interés”. “El costo financiero está implícito en los precios de los productos y no se puede discriminar”, apuntó la Comisión, que dijo que esa falta de transparencia también se traduce en que “actualmente los precios están distorsionados, porque se incluyen costos financieros que las personas que abonan en un solo pago también deben asumir sin utilizar la financiación”.

Fuente: Ladevi
12/09/2016