La experta en Derecho del Turismo, Graciela Güidi, opinó que las grandes plataformas que intermedian entre los usuarios se han convertido en un negocio en sí mismas, que nada tiene que ver con el paradigma de la economía colaborativa. Reclamó que los países deben acordar límites al comercio electrónico para proteger a los consumidores y a los destinos de la concentración y los riesgos que implican la falta de regulación sobre Internet.
Para algunos la llamada economía colaborativa está llamada a ser el Caballo de Troya contra el sistema y sus abusos de precios, malos servicios e inequitativa regulación.
Para otros –la noción hegemónica en la industria turística– no es más que una fórmula para esconder informalidad fiscal, laboral y legal. Idea que en Argentina ha llevado a bautizar a las plataformas dominantes de economía colaborativa como “los manteros del turismo”. Unas mantas que –según datos de la Fehgra– esconden 600 mil plazas de alquileres temporarios informales, que no tributan más de US$ 1.000 millones de ingresos y dejan fuera del sistema a más de 150 mil empleados.
Pero el problema está lejos de ser local. En todo el mundo surgen reacciones contrarias a las diversas expresiones concentradas de la economía colaborativa (taxistas contra Uber, hoteleros contra Airbnb). Y cada vez más los gobiernos a distinta escala intentan remedar con resoluciones parciales –por ahora sin éxito– el impacto que genera esa economía sumergida (y sobre todo deslocalizada) sobre el fisco, pero también en la calidad e imagen de los destinos.
Evidencia de esta preocupación en alza es la organización de la 1° Reunión Iberoamericana de la Organización Mundial del Turismo (OMT) sobre Economía Colaborativa en el Alojamiento Turístico, que se desarrollará el 4 y 5 de abril en Montevideo, Uruguay. Una de las disertantes invitadas es Graciela Güidi, directora del posgrado y del Observatorio de Derecho del Turismo de la Universidad de Buenos Aires.
ORIGEN Y DESVÍO.
En diálogo con La Agencia de Viajes, la experta explicó que no se puede abordar el tema si no se entiende su origen: “El término ‘sharing economy’ proviene de una definición que dieron dos ingleses, Rachel Botsman y Roo Rogers, en 2010. A lo que se referían era a la relación de usuario a usuario, la cual permitían Internet y las redes sociales a través de la descentralización y desintermediación de las operaciones. Todo esto veníade la mano de las renovadas crisis del sistema económico, puntualmente del capitalismo salvaje, que impedía el desarrollo del grueso de la población. Ellos vieron esto como algo que incluso iba a cambiar el ejercicio de la libertad. Que iba a ser algo sustentable en la medida que no hubiera elaboración de bienes en exceso, sino diera lugar al uso eficiente de los ya producidos”.
Una vez que el Caballo de Troya atravesara las murallas del sistema, la economía colaborativa debía adquirir tres formas: “Una basada en el acceso al uso de productos en lugar de comprarlos; otra vinculada a la reutilización de objetos que a un individuo ya no le sirven; y una tercera que implicaba la idea de compartir estilos de vida. En esta última es dónde entra el turismo, es decir, se comparte el tiempo, el espacio, las habilidades, los conocimientos, etc…”, explicó Güidi, quien terminó de definir el escenario original: “Planteado así, la economía colaborativa presentaba un ejemplo claro del valor que Internet le daba a los consumidores”.
-Cinco años después de lanzada esa concepción, ¿cuál es hoy el límite entre economía colaborativa y economía informal? Para algunos son dos cosas distintas, pero para otra parte de la biblioteca hay una simbiosis entre ambas definiciones.
-Como dije antes, la clave del consumo colaborativo es la desintermediación. Justamente lo opuesto a lo que ocurre hoy cuando aparecen grandes plataformas digitales, que a través de la intermediación encuentran en la economía colaborativa un nuevo negocio. Además, ya no hay una comunicación directa entre usuarios, que era el paradigma de base.
En el caso concreto de los alquileres de vivienda ya no se trata de un señor que quiere tener un ingreso adicional. Si no de uno que tiene varios departamentos y que le conviene más ocuparlos por poco tiempo para multiplicar la renta, en lugar de arrendarlos a los residentes. No casualmente las primeras reacciones son entre los propios residentes, porque ven disminuida la oferta de alquileres al mismo tiempo que se encarecen los precios de los disponibles.
En definitiva, las grandes plataformas tienen que reconocer que están haciendo un nuevo negocio, ya no pueden escudarse en la economía colaborativa. No tienen nada que ver con el cambio de actitud en los consumidores tras la crisis económica. No pueden ampararse en un paraguas doctrinario, que desaparece cuando hay intermediación.
ES LA INTERMEDIACIÓN.
-O sea, según su mirada, ¿el problema es la intermediación y no la oferta?
-El problema es la intermediación como negocio. Eso no quita que tanto Internet como la economía colaborativa llegaron para quedarse. Lo que no pueden es servir para esconder negocios internacionales bajo la pátina de una supuesta doctrina que mejora el mundo. No es así, pongamos las cosas por su nombre: esto es un nuevo negocio que gente lúcida vio y empezó a explotar a la sombra de la falta de regulación. Ausencia que, por cierto, se extiende sobre Internet en general.
Y aunque hay sectores que no quieren saber nada de que haya límites, lo cierto es que tiene que haberlos. Porque las grandes plataformas y las .com en general son un riesgo, dado que el usuario tiene grandes dificultades si es estafado para poder ubicar espacialmente, identificar y responsabilizar jurídicamente al propietario.
-Si el límite es la intermediación, ¿a quién hay que regular: al intermediario o al propietario?
-Ambas cosas.
-Ahora bien, si le aplican las mismas reglas que a la oferta tradicional, ya no quedaría nada de las supuestas ventajas de la economía colaborativa.
-No, ¿por qué? Al contrario, lo que se le incorpora al darle las mismas reglas es seguridad hacia los consumidores que quieren acceder a esos servicios. Además, estos fenómenos rompen con todas las reglas del planeamiento urbano. Por ende, las regulaciones también mejoran el destino
DE CONTROLES Y VOLUNTADES.
-Si la respuesta es jurídica, ¿por qué no han alcanzado las modificaciones de los códigos de locaciones urbanas que se dieron en Argentina y en otras ciudades del mundo?
-A ver, en nuestro caso, el nuevo Código Civil Y Comercial en su artículo 1.199 limita a tres meses el alquiler de viviendas para uso turístico. Posteriormente, se sancionó una ley de un solo artículo, la número 27.221, que se ha limitado a aplicar los artículos de ese Código referidos a las obligaciones y responsabilidades del posadero (vieja terminología). Por lo tanto, el legislador se ha perdido una oportunidad de regular el contrato de hospedaje y lo que ha incorporado es insuficiente y –diría– irrelevante.
-Pero no es sólo Argentina, en varios destinos buscaron regular vía la limitación de los plazos de la oferta. ¿No alcanza con la regulación o falta voluntad política?
-La realidad nunca se cambia con una ley. Y acá claramente falta control. Un ejemplo evidente se da en el tema ambiental. En la provincia de Buenos Aires la ley de protección de los recursos hídricos data de 1958 y, sin embargo, los ríos están todos contaminados. A lo que voy es que si no hay control, las mejores leyes fallan. Y eso lo tenemos muy en claro los abogados, que entendemos a las normas como el punto de partida.
¿Las administraciones públicas no aplican controles porque no pueden o no quieren? A priori, uno entiende que al fisco le interesaría recaudar los $ 1.000 millones que la Fehgra dice que se eluden por la oferta informal de alquileres.
-Poder pueden. Hoy hay sistemas informáticos que hacen que ni siquiera se necesite sacar muchos inspectores a la calle. En España, inclusive, hay un sistema de espionaje legal aplicado al sistema impositivo que es capaz de detectar las más diversas situaciones trabajando sobre las redes. Pero además tiene que haber personal capacitado y una toma de conciencia del problema.
-¿Y cómo se trabaja la cuestión de la demanda, de que haya un consumidor que decide confiar en estas plataformas?
-La gente busca precios más bajos, pero además quiere tener la cocina que le permita cubrir el desayuno y la cena, en los horarios que quiera y no los que están preestablecidos. Cuando se trata de más de dos personas, también pretende más espacio. Por otro lado, eligen el lugar preciso dónde alojarse. Esas tres cosas son las que hacen que la gente opte por los alquileres. Entonces, los hoteles también deberían advertir esta situación. Es decir, tienen que cambiar. Y lo que me preocupa es que los grandes establecimientos pueden hacer las inversiones para adecuar su oferta a los nuevos gustos de los clientes. Pero el problema se da con los hoteles pyme. Y, en ese sentido, creo que tiene que haber una protección para ellos, porque además se ubican en aquellos destinos pequeños donde no se concentran las cadenas. Los grandes hoteles van a terminar resolviendo el asunto, de hecho ya lo están haciendo con ofertas más personalizadas.
-Supongamos que todos entienden y quieren resolver este problema. ¿Por dónde se lo ataca? ¿Cuál es la estrategia?
-En principio, no estoy de acuerdo con ninguna prohibición. Lo primero es ver cuál es la realidad del problema. O sea, por un lado, tenemos corporaciones internacionales y leyes antimonopólicas en todos los países. Sin embargo, en Internet esto no está regulado y hay abuso de posición dominante de mercado.
DEL MANO A MANO A LA CONCENTRACIÓN.
-Es que curioso que todo aquello que en las redes nació bajo el mandato de la descentralización terminó en concentración…
-Eso es lo que justamente hay que tratar de abordar. Las concentraciones no son buenas. controla a un operador que no está radicado en el país y, por ende, no está alcanzado por las leyes locales?
-Por eso mismo tiene que haber una respuesta global o al menos latinoamericana, que de alguna manera obligue a estas grandes plataformas a incorporar a sus .com al país donde trabajan. Ya pasó en Argentina con Groupon, que vendía paquetes sin ser agencia. Se hizo una campaña fuerte a través del sector privado, que fue tomada por el Ministerio, y se los obligó a inscribirse como agencias.
-Es válido el ejemplo, pero Groupon estaba radicada en Argentina, mientras que los grandes jugadores de la economía colaborativa y mismo las OTA’s globales no están en el país.
-Hay medios informáticos soberanos para exigir que los bienes que se van a negociar en el país requieran que la intermediaria esté vinculada al dominio argentino (.ar).
Para eso hace falta una regulación seria, no impeditiva, del comercio electrónico.
-¿Cómo sería una respuesta internacional al problema?
-Puede haber acuerdos entre las naciones para adoptar regulaciones en común o similares.
-¿Hacia ahí apunta la OMT?
-No me animo a afirmarlo, lo que sí tengo claro es que lo que está pidiendo son propuestas. A mí me preocupa la regulación del comercio electrónico.
-¿Ve alguna respuesta a corto o mediano plano a esa preocupación?
-En Europa tienen una directiva que aborda la cuestión desde 2000 y ya hay una jurisprudencia interesante al respecto. En América no hay nada. El problema que hay que tener en claro es que Internet no es un nuevo Estado soberano y eso es fundamental entenderlo. Puede ser magnífica la globalización y las posibilidades de interconexión que trae, pero con los límites necesarios para que no repercuta en contra de las naciones y sus economías. Por eso, ante este tipo de fenómenos tiene que haber acuerdos a escala global.
Fuente: Ladevi
01/04/2016