El proyecto del diputado Héctor Baldassi, en coautoría con el Ministerio de Turismo y la Faevyt, logró hacer pie en el Congreso de la Nación al obtener el dictamen favorable de la Comisión de Turismo. Después de dos reuniones previas de asesores, el texto aprobado incluye varias modificaciones respecto al original. Una de las más sensibles es el haber establecido un régimen específico de desistimiento. En esta nota, repasamos cómo fue la sesión y con qué cambios empieza el derrotero de una iniciativa que tiene la intención de desbancar casi medio siglo de vigencia de la 18.829.

De los cuatro borradores de ley de agentes de viajes paridos en la última década con la intención de desbancar el casi medio siglo de vigencia de la 18.829, solo el proyecto del diputado Héctor Baldassi, en coautoría con el Ministerio de Turismo y la Faevyt, logró hacer pie en el Congreso de la Nación al obtener el dictamen favorable de su Comisión de cabecera.

Así y todo, estuvo a un paso de repetirse la escena de hace exactamente un año, cuando un proyecto muy parecido pero con la firma de Cristina Fernández tropezó al no lograr reunir el número necesario para el tratamiento conjunto por parte de las comisiones de Turismo y Justicia del Senado de la Nación.

ES AHORA.

El miércoles pasado fue la lluvia la que estuvo otra vez a punto de hacer naufragar la sesión por la falta de quórum. Corridas de asesores y mensajes de teléfono febriles hicieron que justo antes de levantarse la reunión se consiguiera el número mágico necesario: 16 legisladores sobre los 31 que integran la Comisión de Turismo.

Hubo insistentes consultas de los diputados sobre imprecisiones del texto y algún pedido de que la norma volviera a asesores para su ajuste. Pero “en las reuniones de asesores se hicieron las modificaciones correspondientes y llegamos a un acuerdo para que hoy salga”, apuró Baldassi. El propio presidente de la Comisión, Maurice Closs, debió intervenir aclarando que no había obligación de darle el visto bueno al proyecto y que podían aprobarlo como un dictamen de minoría, “pero no sería una buena imagen que salga así de Turismo”. El pedido surtió efecto y lo cierto es que no hubo resistencias a la hora de pasarlo a la firma de los diputados.

Aunque fue el paso más adelante que se llegó en la última década, la meta para llegar a una ley de agentes de viajes sigue lejos en el horizonte. Ahora, el proyecto deberá pasar por las lupas de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, para recién luego bajar al recinto para recibir la media sanción. Y una vez cumplido eso, repetir el periplo en el Senado.

Con lo cual lo mejor sería bajar las ansiedades. “No puedo, ni quiero, hablar de plazos. Yo me comprometí a presentarla y hacerla caminar. Y eso es lo que estamos haciendo”, le dijo a este medio el coautor de la iniciativa.

BALANCEO Y ALINEACIÓN.

En la reunión de la Comisión de Turismo del 5 de octubre pasado se acordó que el proyecto de Baldassi volviera a asesores ya que necesitaba varios ajustes. Incluso la Faevyt, coautora tácita de la iniciativa, se había visto sorprendida negativamente por algunos de sus postulados.

Por eso, entre ese día y el miércoles pasado, los asesores de los diputados, junto a representantes del MinTur y la Faevyt, se reunieron otras dos veces para hacerle balanceo y alineación al proyecto. De ahí que el texto que ahora camina por Diputados contemple varias modificaciones importantes respecto al que originalmente había presentado Héctor Baldassi.

Una de las cuestiones que más preocupaba a las agencias era que en el original se las obligaba a informar el derecho de revocación a los pasajeros que contrataran en forma online, por el cual pueden renunciar sin costo alguno a la contratación dentro de los 10 días de realizada la compra. En el texto que recibió el dictamen se mantiene el deber de comunicar la facultad de desistimiento, pero establece que puede exigírsele el pago de una penalización.

“El cambio más importante es el haber establecido un régimen específico de desistimiento. Mientras nosotros le digamos previamente cuáles son las condiciones de cancelación y de arrepentimiento, el pasajero debe atenerse a eso. Con esto se deja de lado las generales de la ley, porque esta sería una norma específica y posterior”, explicó el secretario de la Faevyt, Walter Rodríguez, quien agregó: “Si este proyecto se aprueba queda desactivada la espada de Damocles que pendía sobre nuestra actividad, tanto desde lo jurídico como de lo comercial”.

Para los expertos del derecho turístico la cuestión no parece tan lineal. “Las facultades de desistimiento con la posibilidad de cobro de penalidades contrarían la ley de Defensa del Consumidor”, opinó el especialista y docente universitario Francisco Costamagna, quien matizó: “No obstante, entiendo que este proyecto abre la puerta a la discusión judicial del tema, porque las condiciones vigentes resultan de imposible cumplimiento para el agente de viajes. Esa batalla tendrá que ser seguida con suma atención por la Faevyt, porque va a incidir en la construcción de jurisprudencia aplicable a todo el sector”.

MÁS CAMBIOS.

Otro punto valorado por la Faevyt es la caracterización del agente de viajes. “Se lo definió mejor y en línea con la de comisionista del Código Civil para dejar fuera de toda duda el carácter de intermediario. Con esto, los fiscos provinciales quedan más complicados para no reconocer nuestro rol. Después está en nosotros dar las pelea, pero primero necesitábamos fortalecernos jurídicamente”, evaluó Rodríguez.

Sin embargo, para Costamagna el proyecto es claro al sostener que esa definición es “a los efectos de esta ley”. Por ende, según el abogado, “esa expresión conspira contra su aplicación a temas tributarios. Hubiera sido mejor decir ‘a todo efecto’”.

Otro artículo al cual le ponen todas las fichas en la Faevyt es el que define la responsabilidad del intermediario frente a la contratación, ya que prevé que ante el incumplimiento de las prestaciones son solidariamente responsables “junto con el prestador directo”. Una alusión poco velada para tratar de incluir a las aerolíneas (exceptuadas por la ley) a las habituales citas ante Defensa del Consumidor. “Si bien están excluidas por la norma, para nosotros se abre el debate sobre si podrían ser convocados por la Justicia y Defensa del Consumidor a partir de una ley que es específica y posterior. Las aerolíneas probablemente vayan a resistirse y se encare un pleito hasta que alguien lo defina”, afirmó el secretario de la Faevyt.

Otra modificación llamativa es la desaparición de la obligación de constituir un Fondo de Garantía para solventar incumplimientos de contrato. En el texto actual apenas se dice que “la autoridad de aplicación podrá solicitar garantías”. En los proyectos anteriores se obligaba a conformar un Fondo con un seguro de caución.

Respecto a las atribuciones del Ministerio de Turismo como autoridad de aplicación, es evidente que hay una intención de empezar a federalizar las incumbencias (después habrá que ver si en el reparto se incluyen los presupuestos). Puntualmente, se deja abierta la puerta para que la Nación firme convenios con los organismos de turismo provinciales y municipales para delegar la fiscalización de las agencias, la implementación de las conciliaciones y la instrucción de los sumarios administrativos, así como la organización de los Registros.

Fuente: Ladevi
02/11/2016

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