Nuevos casos de informalidad y estafas en la comercialización turística volvieron a afectar a clientes y a manchar la imagen de las agencias.

Desde el MinTur explicaron que pese a la repercusión mediática no hubo un aumento de reclamos con respecto a otros veranos. Públicos y privados ya piensan en un bypass normativo que adecue la regulación vigente hace casi medio siglo hasta tanto algún día haya voluntad política para avanzar en una ley en serio.

¿En qué se parecen una agencia tucumana con fajas de clausura que muda sus oficinas a Internet, un ex operador turístico de Rosario devenido en free lance trasladado a la comisaría con la cara cubierta, y una minorista de Palermo que cobra servicios a jubilados –entre otros– pero no paga las reservas? Con sus diferencias, las tres situaciones tienen en común ser algunas de las clásicas postales del verano: los “inadaptados de siempre” que dejan un tendal de clientes estafados, quienes a su vez pueblan las redes sociales y las páginas policiales con sus historias.

Con el correr de los días y la llegada del otoño esas historias se retiran a invernar hasta el próximo verano, pero lo que no se borran son las cicatrices en la imagen pública de las más de 5.000 agencias que quedan en pie y la pelean todo el año.

Al margen del reclamo de justicia, institucionalmente hay otras preguntas que se repiten casi textualmente año a año, ¿Por qué el Ministerio de Turismo como autoridad regulatoria no puede prevenir las estafas?, ¿Por qué una ley de los ’70 sigue regulando un mercado del siglo XXI? ¿Por qué se le filtran al sector tantos “inadaptados”, con tanta facilidad y con tanto prontuario?…

PARTE POLICIAL.

Lo más interesante de la nota será hallar respuestas para esas preguntas, pero primero midamos la cantidad y calidad de las estafas de este verano.

El más impactante es el caso de Luis Rodolfo Paladini, un ex empleado de una mayorista rosarina (de la cual se habría ido por “problemas” con la administración del dinero) que está acusado de estafar a unas 150 familias. Al cierre de esta edición, Paladini se había entregado a la Justicia y estaba detenido. Los denunciantes hablan de que la estafa sería de alrededor de $ 45 millones. El abogado del acusado dijo que su cliente tuvo “desajustes en las finanzas”, pero que cerca de 500 personas pudieron viajar sin problemas con él. En este caso se trata de un “relacionista público” que actuaba como free lance, supuestamente para un operador de Miami. El no contar con licencia habilitante del Ministerio de Turismo e infringir el artículo 1° de la Ley Nacional de Agentes de Viajes no era un impedimento para vender viajes y cruceros a Punta Cana, Miami, Panamá o Playa del Carmen.

Otro caso típico fue el de la porteña Dinah Viajes y Turismo, que de un día para el otro desapareció dejando a cerca de un millar de clientes varados o con servicios próximos sin cumplir (es el número que estiman los afectados). En este caso la agencia tenía legajo habilitante y fue clausurada recién tras las denuncias.

Datos oficiales del MinTur indican que son 59 las denuncias que se recibieron contra esta agencia, que tenía dos años en el mercado.

Fuentes del organismo confirmaron que la última inspección de oficio se le hizo el año pasado, pero todo estaba en orden.

Aunque el volumen y la “calidad” de la estafa no sean comparables, otro caso revelador se dio en enero, cuando el Ente Autárquico Tucumán Turismo tuvo que salir a “alertar” que una agencia que había sido clausurada a fines de diciembre seguía realizando salidas y promocionándose en medios gráficos y en las redes sociales sin tener la habilitación.

VERANO “NORMAL”.

En diálogo con La Agencia de Viajes, el subsecretario de Calidad Turística del MinTur, Gonzalo Casanova Ferro, dijo que se abrieron sumarios para cada uno de los casos denunciados, pero negó que la notoriedad pública de los hechos se condiga con un aumento en las estafas. “En términos de volumen no hay ninguna diferencia respecto a años anteriores. Son cosas que pasan en la temporada de verano o invierno. Suelen tener que ver con free lance que trabajan al margen de la ley. En el caso de Rosario llama la atención por el volumen de dinero que manejaba”, explicó el funcionario, quien agregó que la clausura de Dinah “tiene otro nivel de complejidad. Los papeles estaban al día. Y desde el punto de vista del cliente una cosa es comprarle a alguien en un callejón y otro a una agencia habilitada, donde un vendedor se pasó de listo”.

Consultado sobre si una nueva ley de agentes de viajes evitaría que el sector aparezca recurrentemente en las páginas policiales de los diarios, Casanova Ferro señaló: “Frente a la estafa deliberada no hay ley que te prevenga. Lo que se puede hacer a través de una norma es atenuar las consecuencias del acto delictivo”. De todos modos, el subsecretario reconoció: “Ha cambiado el mercado y se han transformado las formas de comercialización, yo creo que es necesario una adecuación normativa”.

En la misma línea, el titular de la Faevyt, Fabricio Di Giambattista, afirmó que son cosas que no deberían suceder, pero “si son estafadores es algo que le puede pasar a cualquier rubro. Lo que tiene que haber son sanciones claras”.

De todos modos, el dirigente dijo que en los próximos días está convocada una reunión con los abogados de todas las regionales de la Federación, donde se buscarán alternativas de “autorregulación” para mejorar los controles y el tratamiento de información que permita la prevención y depuración del mercado. “Algo tenemos que hacer para que no se ponga en tela de juicio el valor y la profesionalidad de los agentes de viajes”, agregó Di Giambattista, quien reconoce que casos como el de Rosario empañan la actividad, pese a que no se trataba de un agente de viajes. “Tenemos que hacer docencia también con los medios masivos y mejorar la comunicación. Hoy con el Ifset tenemos recursos para propiciar un escenario distinto”, completó el directivo.

UNA LEY AÑEJA.

Como sea, una ley que se encamina a cumplir medio siglo de vida no pareciera el mejor marco regulatorio para evitar que en 2019 volvamos a hablar de lo mismo.

Sin embargo, sistemáticamente desde 2004 a la fecha cada intento de avanzar en una nueva ley de agencias de viajes se topó de frente con las mil y una formas en que se puede corporizar la falta de voluntad política.

De los cuatro borradores de ley de agentes de viajes paridos en la última década (2008, 2011, 2015 y 2016) con la intención de desbancar el reinado de la 18.829, solo el proyecto del diputado Héctor Baldassi, en coautoría con el actual Ministerio de Turismo y la Faevyt, logró hacer pie en el Congreso de la Nación al obtener el dictamen favorable de su Comisión de cabecera en octubre de 2016.

Pero desde entonces nunca más se volvió a hablar del tema. Quienes ofician de intermediarios entre el Ejecutivo y el Legislativo reconocen que no está en agenda para 2018 y anticipan que menos aún encontraría espacio en un 2019 con campaña y elecciones nacionales.

BYPASS RESOLUTIVO.

Cansados de volver del Congreso con las manos vacías, desde hace unos meses funcionarios del MinTur y dirigentes de la Faevyt empezaron a fantasear con diseñar un bypass normativo que aggiorne la regulación hasta tanto algún día haya voluntad política para avanzar en una ley en serio.

Las estafas de las últimas semanas y su generosa repercusión pública no hicieron más que darle ínfulas al plan. La idea sería producir una batería de resoluciones ministeriales que modernicen paulatinamente la normativa vigente, fundamentalmente en aspectos vinculados a la fiscalización, controles y requisitos de seguridad.

Uno de los temas más sensibles que se buscaría modificar vía resolución es el de los seguros. Unánimemente en el MinTur y la gremial empresaria consideran que la caución vigente es ridícula e inocua. Por eso, una de las alternativas que más tientan a ambas partes es la de establecer la obligatoriedad de contraer un seguro para solventar contratos vulnerados y prestaciones incumplidas.

No es una idea nueva. De hecho, la Faevyt y Allianz Argentina lanzaron en 2015 –sin éxito comercial- una póliza que cubría a las agencias socias frente a los costos de recontratación de servicios (aéreos y terrestres) en el caso de que el operador mayorista o prestador turístico contratado en Argentina o en el exterior quebrara o cesara sus actividades. Ya entonces se pensó que el MinTur podría hacerlo obligatorio para todos los contratos y así matar dos pájaros de un tiro: por un lado, blindar las prestaciones de agencias debidamente habilitadas; por el otro, conseguir el volumen que hiciera que el costo del seguro no fuera tan alto (era un 1,2% del monto asegurado). Pero el organismo no compró la idea porque al ser un producto nuevo Allianz tenía la exclusividad de venta y se creyó que no se podía regular en favor de una compañía específica.

Con esa ventana de exclusividad vencida, en Suipacha 1111 consideran que el escenario es propicio para avanzar en algún tipo de seguro similar que proteja al pasajero.

Si bien es el más significativo, no es el único tema que se piensa regular por resolución ministerial. Por caso, las autoridades están disconformes con la poca permeabilidad del mercado respecto al subdominio .tur.ar. Pese a que ya es obligatorio, los grandes jugadores online no lo promocionan y eso hace que las agencias más pequeñas tampoco lo usen como diferencial de calidad y sello de que están habilitadas. Con lo cual, el sistema se desvirtuó. Por eso, no habría que descartar que se promueva una reglamentación que sancione a quien no publicite sus servicios con la dirección .tur.ar.

Por ahora son sólo ideas, pero el MinTur y la Faevyt creen haber encontrado la manera de modificar algo que vía el Congreso no tiene horizonte.

Fuente: Ladevi

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