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Se cayó la ley de Emergencia Turística

Tal como anticipó este medio, Turismo no tendrá ley de Emergencia Turística. En el debate de la Comisión de Turismo de Diputados se impuso el proyecto oficialista que brega por un “Plan de Auxilio, Capacitación, Infraestructura y Promoción para el Turismo Nacional”. Desde la CAT denuncian que la iniciativa apuesta  al “D+1”, pero que no refleja los ejes presentados por el sector privado.

La Comisión de Turismo de Diputados trató los proyectos para declarar la emergencia económica, productiva, financiera, fiscal y laboral del sector turístico, y en la votación se impuso la iniciativa oficialista que brega por un Plan de Auxilio, Capacitación, Infraestructura y Promoción para el Turismo Nacional”.

El proyecto, que se despachó por 17 a 14 votos relegando la propuesta de Alfredo Cornejo en coautoría con Gustavo Menna, lleva la firma del diputado nacional del bloque del Frente de Todos Ramiro Patri, que también fue “craneado” desde el ejecutivo. El texto se mantuvo –hasta minutos antes de la sesión- oculto a los referentes de las gremiales empresariales turísticas.

La iniciativa deberá someterse a debate en las comisiones de Defensa del Consumidor, y de Presupuesto y Hacienda antes de entrar al recinto en agosto. En su letra chica incluye exenciones impositivas, programas de financiamiento para empresas a tasas subsidiadas, planes de promoción para turistas en cuotas a través de la banca pública, y, además mecanismos para resolver los paquetes turísticos que ya habían sido contratados.

Decepcionados, pero no sorprendidos por la resolución, desde el seno privado no se desalientan y adelantaron que en las próximas horas se reunirán con el ministro de Turismo, Matias Lammens, para “acomodar la situación”.

Al cierre de esta edición realizaron un encuentro virtual con los senadores nacionales para gestionar la unificación de los proyectos de Maurice Closs y Ana María Ianni, y así construir un documento que bregue por la emergencia turística y contemple las necesidades del sector.

Sin emergencia, ¿aparece un plan?

Desde la CAT lamentan que el plan no promulgue la emergencia turística, y criticaron que establece que para acceder a los beneficios, “las empresas deberán demostrar que no han podido desarrollar actividad alguna o han visto reducida considerablemente su actividad y nivel de ingresos durante la vigencia de las medidas de aislamiento con motivo de la pandemia.”

Otros de los puntos flacos apuntados por los dirigentes y que buscan revertir es la inclusión de todo tipo de prestadores sin perjuicio de su tamaño, y los créditos a rasa 0; así como recalcaron que “el documento debe asegurar la vigencia del programa ATP a las empresas turísticas durante el transcurso de la crisis”.

Por otra parte, los empresarios expresaron que las medidas impositivas no pueden limitarse a las moratorias porque necesitan diferimientos para cuando arranque la actividad en una mínima expresión, mientras que subrayaron que “no es una buena decisión” que el proyecto deje al libre albedrio de las provincias el otorgamiento de los beneficios tributarios y las reducciones de las alícuotas de Ingresos Brutos o el impuesto a los Sellos.

“Faltaría una consideración respecto de las suspensiones vía art. 223 Bis de la ley de Contrato de Trabajo. Hoy la extensión extraordinaria de esos acotados límites temporales está atada a la vigencia de los DNU sancionados”, puntualizaron.

Asimismo, desde CAT reprocharon que el proyecto habilita al MinTurDep a asignar el 35% de los fondos del Inprotur al cumplimiento de esta ley de recuperación del turismo nacional, lo cual incrementará el presupuesto en alrededor de $ 500 millones extra.

¿Auxilio contra las devoluciones?

Respecto del capítulo de las cancelaciones ocurridas como consecuencia de la pandemia, el proyecto sostiene que los que se hayan visto impedidos de prestar normalmente los servicios contratados con motivo de la pandemia podrán ofrecer alternativamente a los usuarios las siguientes opciones:

  • La reprogramación de los servicios contratados, respetando la estacionalidad, calidad y valores convenidos, dentro de un periodo de 18 meses posteriores al levantamiento de las medidas restrictivas de circulación.
  • La entrega de vouchers de servicios para ser utilizados hasta 18 meses posteriores al levantamiento de las medidas de restricción, los cuales serán transferibles a terceros y deberán brindar acceso –sin penalidades- a idénticos servicios contratados u otros que pudiera aceptar el cliente.
  • El reintegro de los servicios contratados mediante el pago de tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas con vencimiento la primera de ellas dentro de los 21 días hábiles de recibida la solicitud de reembolso.
  • Sin embargo y pese a que la iniciativa del Ejecutivo dice que buscar resguardar el derecho de los usuarios y la sostenibilidad de las empresas, desde CAT acusan que este régimen propuesto implicaría la quiebra de las empresas.

“Es necesario que este proyecto atienda esta cuestión de un modo acorde a la gravedad de la crisis resultando ineficiente los plazos indicados e inconsistentes con los fijados en otros mercados con los que los prestadores interactúan”, indicaron, para agregar: “El proyecto le da la opción al pasajero de exigir la devolución y si no lo hacemos nos pueden hasta sacar la licencia”.

Punto de quiebre

Minutos antes de que comenzase el debate de la comisión de Turismo de Diputados, una nueva vieja interna de CAT salió a flote. Por caso, mientras que se había resuelto democráticamente que el único orador sería el presidente de la entidad, Aldo Elías, desde FEHGRA reclamaron tener la palabra y se produjo un quiebre institucional.

Entre los cimbronazos y más allá de las acusaciones discursivas, lo primero que se rompió fue el grupo de “Presidentes” en Whatsapp, el cual fue “desintegrado”.

Empresarios y dirigentes del sector expusieron la crítica realidad que atraviesa la industria: Turismo en Emergencia.

Fuente: Ladevi – Marcos Llobet
17/07/2020