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La Ahrcc interpuso un Amparo Colectivo contra las alzas de los servicios de agua, gas y luz en la Ciudad de Buenos Aires. Por su parte, la Fehgra , que nuclea a los hoteles, le pidió al Gobierno que haga su aporte a la problemática, disminuyendo el porcentaje de impuestos en las facturas. Además, no descartó impugnar la Audiencia Pública por el gas. Ambas entidades coinciden en que está en juego la supervivencia de muchos establecimientos y, por ende, la estabilidad laboral del sector.

La idea de que para los hoteles el aumento de los servicios públicos es la gota que rebalsó el vaso de una rentabilidad golpeada desde hace años empezó a tomar cuerpo con las últimas movidas de sus gremiales empresarias.

Por un lado, la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra), después de varios encuentros con el ministro de Energía Juan José Aranguren, llevó una postura muy dura a la Audiencia Pública sobre el gas, e incluso se reservó el derecho de impugnarla o denunciarla.

Por el otro, la Asociación de

Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (Ahrcc) recurrió a la Justicia para pedir un amparo colectivo contra los incrementos no solo del gas, sino también del agua y la luz.

LA FEHGRA CARA A CARA

La Fehgra designó como representante en la Audiencia Pública celebrada del 16 al 18 de septiembre al especialista Guillermo Federico Franke, quien al inicio de su alocución criticó la escasez de tiempo para exponer la postura (10 minutos para presentar un trabajo de 55 páginas) y dijo que la entidad se reservaba el derecho de impugnar y/o denunciar el encuentro por no haberse cumplido con los requerimientos legales de publicidad previa de la información vinculada al precio del gas en boca de pozo. Incluso, manifestó que la carencia de datos imposibilitaba emitir un juicio de valor respecto de la razonabilidad de los precios establecidos.

Al margen de ello, Franke señaló que los aumentos en las tarifas energéticas en un contexto recesivo e inflacionario ponen en juego la viabilidad del negocio: “La rentabilidad ha caído a niveles alarmantes, y hacen peligrar la supervivencia de muchos establecimientos y, por ende, la estabilidad laboral del sector”. A ese marco, sumó los bajos niveles de actividad y consumo, los precios congelados desde 2015, los aumentos constantes de los costos laborales y operativos y la competencia desleal e informal.

Puntualmente, el especialista dijo que en los primeros meses de 2016 los proveedores incrementaron sus precios un 30% y que el alza de los servicios de energía debieron ser absorbidos para no seguir perdiendo clientes.

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Del estudio realizado por la Fehgra se desprende que en función de la resolución del 1° de abril los incrementos del gas se habrían ubicado en torno al 1.200%, mientras que siguiendo la posterior normativa 99/2016 se redujeron a alrededor del 500%, “cifra que aún sigue siendo de alto impacto para la sustentabilidad de los establecimientos”.

Asimismo, el representante de la Fehgra pidió al Gobierno que haga su aporte a la problemática, disminuyendo sustancialmente el porcentaje de impuestos en las facturas de gas (va del 20% al 40%) y habilitando a las empresas el cómputo del IVA de la tarifa como crédito fiscal.

Por último, Franke criticó la improvisación demostrada por el Gobierno en la cuestión: “Los cambios en los costos deben ser planificados y transferirse de un modo gradual, para dar lugar y generar recursos para la toma de contramedidas que permitan su incorporación progresiva y con paliativos. Lo contrario, implica sencillamente herir de muerte la viabilidad y existencia de miles de empresas y familias que han vivido y viven de esta industria”.

DERECHO A LA JUSTICIA

Días antes de lo relatado, la Ahrcc –filial porteña de la Fehgra– interpuso un Amparo Colectivo pidiendo la nulidad de los “descomunales y súbitos” incrementos de los servicios públicos de agua potable y desagües cloacales, gas y energía eléctrica. En este sentido, solicitó que la medida sea extensible a los hoteles, restaurantes y bares de la Ciudad de Buenos Aires.

Consideraron que el Estado no respetó la gradualidad, razonabilidad y prudencia de los incrementos, “que constituye una condición ineludible de validez jurídica del reajuste”.

Asimismo, la Ahrcc exigió que, hasta tanto se aprueben los cuadros tarifarios conforme con los procedimientos de revisión fijados por las leyes, se restablezcan los precios anteriores a los primeros incrementos y las empresas se abstengan de requerir el cobro de las facturas correspondientes a los cuadros tarifarios impugnados.

La acción está radicada en la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal y está dirigida contra el Estado (los ministerios de Energía y del Interior y los entes reguladores), así como en perjuicio de Edenor, Edesur, Metrogas y Aguas y Saneamientos Argentinos.

Fuente: Ladevi
30/09/2016

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