De acuerdo al juez federal Sergio Torres el perjuicio patrimonial presuntamente causado al Estado suma $ 37 millones, tanto por recursos apropiados por SW como por gastos realizados para un plan nunca ejecutado. Falta de control, egresos injustiicados y actos espurios son algunas de las maniobras que se investigan.
El juez federal Sergio Torres consideró acreditado el estado de sospecha exigido por la ley y citó a prestar declaración indagatoria a 25 empresarios, exfuncionarios y exdirectivos de Líneas Aéreas Federales (Lafsa), en la causa donde se investiga la comisión del delito de administración infiel en la creación, gestión y control de la compañía. Entre los emplazados están el exministro de Planificación y actual diputado, Julio De Vido; el exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime; y el responsable Aerocomercial de la cartera, Ricardo Cirielli. También irán a declarar los empresarios que se beneficiaron de contrataciones de Lafsa, entre ellos los hermanos Juan y Christian Ma ggio, extitulares de la aerolínea Southern Winds (SW).
QUÉ SE INVESTIGA
El perjuicio patrimonial presuntamente causado al Estado suma $ 37 millones, tanto por recursos apropiados por SW como por gastos realizados para un plan nunca ejecutado.
Recordemos que Lafsa fue creada por el Gobierno en mayo de 2003 y disuelta seis años después sin nunca haber poseído un avión, ni cubierto una ruta per se. La aerolínea se había fundado con la intención –“abusándose de una situación de emergencia”– de paliar el cierre de operadores como Lapa y Dinar y evitar la caída de SW. Aunque los decretos que le dieron origen preveían su privatización dentro de los 180 días de iniciados los servicios, eso nunca ocurrió hasta el comienzo del proceso de liquidación el 5 de agosto de 2010.
“El universo de todos quienes conformaron u ocuparon el Directorio y las Gerencias de la firma Lafsa, en connivencia con quienes dirigían y/o se desempeñaban en los organismos públicos designados como autoridad de aplicación, desplegaron un sinnúmero de maniobras defraudatorias a través de la administración infiel del peculio de la firma que gestionaban, con el afán de beneficiarse ellos mismos y/o a diversos terceros”, afirmó Torres a la hora de definir el objeto procesal.
DESCONTROL
Uno de los principales blancos de la causa –que data de 2005– es la alianza comercial de Lafsa con SW, que rigió desde septiembre de 2003 hasta marzo de 2005. En ese período el Estado destinó $ 101 millones al cumplimiento del acuerdo (pese a que la Sigen dice que fueron $ 122 millones los provistos por el Tesoro), fundamentalmente para el abastecimiento de combustible. Según el juez Torres: “Se destaca que los elementos incorporados al expediente dan cuenta de que nunca se habría elaborado ni hecho un seguimiento pormenorizado de la estructura de costos que conllevaba la implementación y ejecución del acuerdo. Así tampoco y pese a que tanto la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial y la propia firma Lafsa contaban con recursos humanos suficientes –que en el caso de la última incluso resultaban excesivos y ociosos– no existen constancias documentadas de que se hubiera desplegado control directo alguno relacionado con el destino dado a todos aquellos recursos que le fueran provistos a SW”.
Del mismo modo, el magistrado sostiene que existen sobrados elementos que dan cuenta de numerosos incumplimientos por parte de la propia SW. Entre ellos se encuentra la aplicación del combustible adquirido con recursos aportados por Lafsa a 43 aviones y/o vuelos ajenos a los del acuerdo. Así como tampoco proveyó información relativa al estado de situación y evolución de la explotación conjunta llevada a cabo con la aerolínea estatal.
Puntualmente respecto de Lafsa, Torres explica en su escrito que entre las maniobras defraudatorias imputadas está justamente la deficiente e intencional aplicación del Proyecto de Negocios “sólo de modo aparente y con el único afán de justificar parte de la actividad rentada de los directivos, gerentes y de algunos prestadores independientes contratados, que sólo implicó erogaciones para la firma estatal que nunca alcanzó a operar ningún vuelo”. Incluso, la infiel administración de los recursos públicos habría continuado en la etapa liquidatoria: “Durante la que se mantuvieron y adquirieron servicios rentados innecesarios, tanto de dependientes como de terceros”.
La ronda de declaraciones indagatorias comienza el 2 de agosto y se cierra el 26 de septiembre con la presencia de Julio De Vido.
Fuente: Ladevi
22/07/2016